Los diez frentes de la educación andaluza
La confrontación con el Gobierno central y
la falta de liquidez marcan los meses de gobierno de Mar Moreno en el
departamento El pacto entre PSOE e IU condiciona varios aspectos como
la concertación
Diego J. Geniz sevilla | Actualizado 27.01.2013 - 10:51
Los
frentes que tiene abiertos la Consejería de Educación han acaparado
muchos titulares las últimas semanas. Desde el freno a la concertación
de aulas hasta la precariedad económica con la que se mantienen los
centros, la política educativa llevada a cabo por la Junta se ha visto
salpicada de continuas polémicas, una tensión avivada desde que Mar
Moreno es la responsable de esta cartera. A ello se une la continua
confrontación con el Gobierno central por motivos más ideológicos que
educativos.
Algunos de estos frentes vienen de lejos, incluso,
los hay que fueron marcados por la propia Moreno cuando dirigió este
departamento el pasado mandato. Tal es el caso de la negativa a renovar
los conciertos a los 12 centros andaluces que admiten en sus aulas a
alumnos de un solo sexo: Campomar, en Aguadulce (Almería); Torrealba, en
Almodóvar del Río (Córdoba); Zalima y Yucatal, los dos en Córdoba; El
Soto, en Chauchina (Granada); El Cható, en Brenes (Sevilla); Nuestra
Señora de Lourdes, en Carmona (Sevilla); El Molino Azul, en Lora del Río
(Sevilla); y Albaydar, Altair, Ribamar y Ángela Guerrero, en la capital
hispalense.
La Consejería de Educación se valió para refrendar
su negativa en el fallo del Supremo que el verano pasado aceptaba el
recurso de la Administración autonómica contra la sentencia del TSJA que
permitió en 2009 al centro El Cható continuar recibiendo ayudas. Esta
decisión se ampara ahora, además, en los tres recientes fallos del
Supremo dados a conocer el viernes en la que el Alto Tribunal avala la
decisión de la consejería de no renovar los conciertos en base a la ley
que restringe este tipo de acuerdo para la enseñanza diferenciada.
La
política de concertación no ha sido motivo de polémica sólo por este
asunto. A principios de año se supo que el departamento que dirige Mar
Moreno iba a seguir unos criterios más restrictivos a la hora de
sufragar con dinero público a colegios privados. Este cambio obedece a
uno de los pactos del nuevo gobierno formado por IU y PSOE con el que se
quiere hacer frente a la supuesta defensa que desde Madrid se hace de
la enseñanza privada en "detrimento" de la pública. Tal decisión ha
provocado la reacción de patronales, padres y sindicatos que exigen que
la concertación se mantenga tal cual para evitar el cierre de centros y
la pérdida de puestos de trabajo.
Educación, por su parte, se
ha limitado a asegurar que los criterios para esta política seguirán
siendo estrictamente demográficos (sin mencionar en ningún momento la
condición de que un colegio tenga más demanda que otro) y que en el caso
de que la escolarización vaya a reducirse en alguna zona, las aulas
disminuirán "por igual" entre las concertadas y las públicas.
La
confrontación con el Gobierno central en materia educativa también se
ha evidenciado en la guerra abierta que Mar Moreno mantiene con el
ministro de Educación, José Ignacio Wert, por la nueva ley que ha
presentado y que desde el primer momento provocó la oposición del
Ejecutivo regional. Tras varias reuniones la situación sigue casi igual
de enquistada. El Gobierno andaluz considera que la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) representa un ataque a la
enseñanza pública y conlleva a la creación de "élites" entre los
alumnos. A esta tendencia obedece la recuperación de Educación para la
Ciudadanía (EpC), una asignatura creada en la era de Zapatero y
cuya vuelta ha sido aplaudida por los padres de los alumnos de la
educación pública y muy criticada por los de la concertada. Por cierto,
los últimos días ha trascendido que la polémica reforma de Wert no se
aplicará hasta la próxima legislatura.
Los sindicatos de
enseñanza también han mostrado su disconformidad con varias de las
medidas tomadas por la consejera. Uno de los puntos más criticados ha
sido la reducción de personal interino de las aulas -especialmente en
Secundaria-, una medida tomada a raíz del plan de ajuste del Gobierno y
contra la que las centrales exigieron al Ejecutivo andaluz que aplicara
otras alternativas. Los sindicatos, de igual modo, rechazan el reciente
Plan Plurianual de Evaluación al considerar que establecerá un ranking
de centros y profesorado con efectos "perversos". Este modelo de
evaluación generó las críticas de los inspectores públicos, que
estimaban que invadía sus competencias.
Un plan que se crea y
otro que se retira: el de la Calidad y Mejora en los resultados
educativos, que tras casi cinco años de división y sentencias judiciales
en contra toca a su fin. Eso sí, los incentivos a los docentes que lo
desarrollan se mantendrán hasta 2016, pese a la crisis.
Pero si
hay un problema que ha caracterizado estos meses la gestión de Moreno
ha sido el de la falta de liquidez en la Administración, que ha
provocado la asfixia económica de las guarderías y deja sin recursos a
los institutos para hacer frente a sus gastos de mantenimiento. Espejos
de la realidad social.
1.-Escolarización:
El bipartito pone freno a la política de concertación
La
actual composición del Gobierno andaluz está detrás de la nueva
política que la Consejería de Educación quiere aplicar a la hora de
concertar unidades (aulas). Hasta ahora la Junta estaba subvencionando a
centros de titularidad privada debido a la demanda existente en muchas
zonas donde la oferta pública no era suficiente. Ésta es la razón de que
se haya aplicado un modelo al que ahora el nuevo socio de gobierno, IU,
quiere poner freno al entender que en época de carestía la enseñanza
pública no debe ser la única que se "sacrifique" en cuanto al cierre de
aulas. El nuevo modelo obedece a uno de los acuerdos previos al pacto de
gobierno alcanzado entre ambas formaciones la pasada primavera y que ha
salido a la palestra justo cuando este mes se ha abierto el plazo para
renovar los conciertos, que tienen una duración de cuatro años. Más allá
del debate político, el departamento que dirige Mar Moreno sólo ha
precisado que dicho trámite se regirá por razones demográficas (sin
mencionar el tipo de demanda), y que en el caso de que en una zona se
prevea una bajada de la escolarización tendrá que reducirse el número de
aulas "a partes iguales" entre la concertada y la pública. Las
patronales de la enseñanza advierten que acudirán a los tribunales si se
retiran conciertos, una ayuda sin la cual muchos centros están abocados
al cierre.
2.-Conciertos:
La educación diferenciada no recibirá ayudas
El
intento por suprimir ayudas públicas a los colegios que separan por
sexo fue un objetivo que ya marcó Mar Moreno cuando dirigió Educación la
pasada legislatura. Este frente con la educación diferenciada no es
nuevo. Lo abrió el consejero Manuel Pezzi en 2002 cuando estableció que
no se concertaría ningún centro cuyo alumnado fuera de un único sexo. La
limitación acabó cuatro años después al dar la razón el TSJA a estos
colegios. En 2009 el litigio resurgió cuando Moreno, aprovechando la
renovación de los conciertos, dio una prórroga de 12 meses a los centros
para que abandonaran dicho modelo de enseñanza. El Alto Tribunal
andaluz concedió entonces medidas cautelares a los colegios afectados
para que siguieran recibiendo subvención pública. Esta tregua se rompió
el verano pasado cuando el Supremo estimó el recurso presentado por la
Junta contra el fallo del TSJA, que validaba el concierto con el colegio
El Cható (Brenes, Sevilla), una decisión (a la que se han sumado otras
tres del Supremo en recientes fechas) que sirve a Educación para dar un
ultimátum a todos los colegios diferenciados andaluces: o admiten niños
de ambos sexos o se quedan sin concierto. Estos centros han solicitado
la renovación del concierto, esperanzados en que la reforma educativa
del PP les permita continuar con su modelo de enseñanza.
3.-Mantenimiento:
Los institutos se quedan sin dinero para sus gastos
La
falta de liquidez de las administraciones públicas pasa factura a los
centros educativos. Al margen de las guarderías, los que más están
notando esta carestía son los institutos, cuyos directores ya han
advertido que se encuentran en "reserva" ante la falta de pago de la
Junta para sufragar los gastos de funcionamiento. En concreto, los
Presupuestos andaluces contemplan una partida de 116 millones de euros
para el mantenimiento de todos los centros públicos (incluidos colegios e
institutos). De esta cantidad, según señala la Asociación de Directores
de Institutos de Andalucía (Adian), aún no se ha ingresado ninguno de
los cuatro pagos, ya que el primero se debió efectuar en octubre (cuando
se inyecta casi el 40% de la partida), el segundo en enero, el tercero
en abril y el último en julio. Los centros de Secundaria, a los que sólo
financia la Junta (la mayor parte del mantenimiento de los colegios es
responsabilidad de los ayuntamientos), logran sobrevivir gracias a los
remanentes de cursos pasados y a los acuerdos que llegan con proveedores
y directores de bancos. La Junta ha asegurado que les ingresará el
primer pago "a la mayor brevedad posible", un dinero que en varias
provincias se ha empezado a recibir a finales de esta semana. Algunos
padres ya se han ofrecido para acometer las reparaciones más urgentes
ante la falta de recursos.
4.-Guarderías:
Tregua en el sector tras meses de asfixia económica
El
problema de financiación de las escuelas infantiles (de 0 a 3 años) lo
heredó la actual consejera de su antecesor en el cargo, Francisco
Álvarez de la Chica, aunque se ha agravado el último año. Estos centros,
la mayoría de ellos de convenio, reciben dinero de la Administración
autonómica en función de la bonificación de las plazas públicas con las
que cuente, cuyo porcentaje es variable dependiendo de la situación
económica y social de los niños que las ocupan. En verano de 2011 ya
saltó la alarma cuando desde las patronales del sector se avisó del
retraso que acumulaban en dicho abono muchas guarderías (de hasta tres
meses en caso de las de titularidad privada), lo que originaba
dificultades a la hora de pagar a los trabajadores, el catering del
comedor y los proveedores. Esta situación se reprodujo el pasado año, a
lo que se sumo la negativa de Educación a ingresar la mensualidad de
agosto -único mes que las guarderías cierran-, con lo que se incumplía
el acuerdo alcanzado con Álvarez de la Chica. Esto provocó una campaña
de protestas que incluyó un paro parcial el 12 de noviembre. Ante la
amenaza de una huelga indefinida, la Junta ofreció una alternativa al
sector para que recibieran ayudas por aula (en función de los alumnos)
para compensar el pago de agosto. Esta oferta se encuentra ahora en vías
de negociación.
5.-Inspectores:
Las sospechas por externalizar la evaluación
La
creación de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa -contemplada en
la Ley de Educación Andaluza (LEA) de 2007- originó recelos en el
cuerpo de inspectores públicos que siempre vio en dicho órgano una
"estructura paralela" de la Junta para evaluar el sistema de enseñanza.
Estas sospechas se incrementaron recientemente cuando la Consejería de
Educación aprobó el Plan Plurianual de Evaluación del Sistema Educativo,
un proyecto que para la asociación de inspectores (Adide) supone una
"intromisión" en sus competencias. El colectivo no sólo lamentaba los
perjuicios que conllevaba el mencionado plan, sino también la manera en
la que se había negociado su puesta en marcha: sin haber pasado por la
mesa sectorial y sin consultarse a los inspectores. Ante estas críticas,
el departamento que dirige Moreno negó que se busque una
"externalización" de la función evaluadora que pudiera beneficiar los
resultados de los informes. Días después, la propia consejera calmaba
las aguas con el anuncio de una nueva norma que "garantizará" la labor
de los inspectores en materia de evaluación. Sin embargo, este anuncio
no frenó las críticas de la intersindical de enseñanza (CSIF, CCOO,
Ustea, ANPE y UGT), que califica el Plan Plurianual de "pernicioso" al
entender que establece un ránking de centros y docentes.
6.-Plan de calidad:
La orden se retira, pero los incentivos se mantienen
Desde
que se puso en marcha en 2008, el Plan de Calidad y Mejora de los
resultados educativos ha sido motivo de críticas entre partidos
políticos, división entre los sindicatos y varapalos judiciales. A
inicios del presente curso ya se rumoreó que la conocida como orden de
los incentivos (los docentes que la desarrollan pueden percibir hasta
7.000 euros en cuatro años en función de los resultados académicos que
logre) tenía los días contados, principalmente por el desembolso
económico que supone para las arcas públicas en plena crisis. El anuncio
de su final llegaba el 20 de diciembre, cuando se comunicó a los
sindicatos que ya no habría nueva convocatoria para que los centros se
acogieran a él. Pese a ello, Mar Moreno aclaraba hace pocos días que el
dinero extra que se pagaba a los docentes que ya lo desarrollan (casi
48.000 en toda Andalucía) seguirá entregándose hasta 2016 para así
satisfacer a los 287 colegios e institutos que se habían acogido a la
última convocatoria de otoño. Los centros con Plan de Calidad (unos
1.800) suponen el 42% de la red educativa andaluza, siendo la mayoría de
ellos colegios. Sindicatos como Ustea han pedido a la Consejería de
Educación que el dinero destinado en los Presupuestos para dicho
programa se invierta ahora en incrementar la plantilla docente,
solicitud que ha tenido la callada por respuesta.
7.-Confrontación:
Combatiendo la reforma de Wert
La
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) se ha
convertido en argumento perfecto para mantener una confrontación abierta
entre el Gobierno central y la Junta en materia educativa. La conocida
como reforma de Wert (cuya aplicación podría retrasarse a la próxima
legislatura), además de provocar una fuerte contestación social, ha
servido para que la Consejería de Educación rebata la mayoría de las
medidas establecidas por el Ejecutivo de Rajoy con la propuesta de
alternativas a las que en la mayoría de los casos se ha hecho oídos
sordos. En este frente, el departamento que dirige Mar Moreno ha contado
con el respaldo -matizado- de la mayoría de los sindicatos de enseñanza
y de las asociaciones de padres de alumnos de la enseñanza pública. El
principal sustento para rebatir la citada reforma es la defensa de la
educación pública contra el "enaltecimiento" de la privada que, según la
propia Moreno, persiguen los populares. Quizás tras esta defensa de lo
"público" se encuentra el freno que desde el gobierno de izquierdas se
quiere dar a la enseñanza concertada y a la educación diferenciada. Pero
la nueva ley estatal de Educación también entra en confrontación con la
política de la Junta en otros aspectos. Entre ellos, los que más se han
combatido desde el Gobierno andaluz son el regreso de las "reválidas" y
el fin de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI),
que permiten a los alumnos que habían abandonado los estudios obtener el
título de la ESO.
8.-Asignaturas:
El regreso de Educación para la Ciudadanía
Dentro
de esta política de confrontación con el Gobierno central, la Junta ha
decidido restablecer Educación para la Ciudadanía (EpC), una asignatura
que fue abolida del temario de los centros educativos con la llegada de
Rajoy a la presidencia española. Detrás de este regreso hay un debate
ideológico que comenzó en la legislatura de Rodríguez Zapatero y que
desde el Ejecutivo andaluz siempre se ha apoyado pese a las quejas del
PP, de las patronales de la enseñanza religiosa y de los asociaciones de
padres católicos. Para la vuelta de esta materia, la Consejería de
Educación ha empleado el margen legal que le permite configurar el 35%
del currículum de la asignatura. Entre las medidas adoptadas destaca la
incorporación de tres bloques para el quinto curso de Primaria así como
para los de Secundaria, donde se introducirán cinco nuevos bloques.
Dicha decisión ha dividido de nuevo a la comunidad educativa,
principalmente a los padres. Las AMPA públicas han aplaudido el regreso.
En concreto, la Codapa considera que con EpC se cumple el acuerdo
alcanzado a nivel europeo para que todos los países miembros de la UE
tengan una asignatura similar que eduque en "valores constitucionales,
democráticos y humanos". Por contra, la Federación Católica de
Asociaciones de Padres de Alumnos (Fecapa) pide la retirada inmediata y
"definitiva" de la asignatura, ya que a juicio de estas familias, el
gobierno de Griñán sólo persigue con ella "ideologizar" al todo el
alumnado andaluz.
9.-Oposiciones:
Se mantiene la duda sobre la convocatoria
La
convocatoria de próximas oposiciones sigue siendo un interrogante. La
Junta aún no ha confirmado si se celebrarán, sólo ha informado que en el
caso de que este año las convoque, el número de plazas no será nunca
superior a 300, que es el máximo establecido por la tasa de reposición
del 10% impuesta por el Gobierno central, según la cual, de 10 plazas
vacantes sólo se cubre una. Los sindicatos de enseñanza han hecho frente
común para exigir a la Administración educativa que este año se
convoquen oposiciones debido al creciente paro y a la necesidad de
aumentar la plantilla docente de Andalucía. De celebrarse,
correspondería al cuerpo de maestros. Una de las posibilidades que desde
Educación se plantea para aumentar la oferta pasa por contabilizar la
tasa de reposición de los dos últimos años en los que no ha habido
convocatoria, a lo que habría que sumar el 10% de las jubilaciones del
conjunto de la Administración autonómica que, por ley, tampoco se han
cubierto. De poderse efectuar esta alternativa, el número de plazas
ascendería a 1.000, lo que podría suponer, por otro lado, un "efecto
llamada" de estudiantes de otras comunidades ante la escasa oferta
presentada en sus lugares de origen. El debate sobre las posibles
oposiciones se produce cuando la Consejería de Educación todavía no ha
devuelto las tasas a los más de 33.000 jóvenes que la abonaron el año
pasado para la convocatoria al cuerpo de profesores que se suspendió. El
importe se eleva a 2,5 millones de euros.
10.-Ajustes:
Casi medio millar de interinos menos
Fue,
sin duda, la nota dominante en el inicio de curso. Una semana antes de
que los colegios abrieran sus puertas, la titular de Educación cifraba
en 4.502 los interinos con los que dejaban de contar los centros de
enseñanza. La culpa de este recorte recae sobre el Gobierno central, en
concreto, en el Real Decreto 14/2012 aprobado la pasada primavera
mediante el cual se aumentan en dos las horas lectivas del profesorado
de Secundaria, lo que a la postre supone reducir la contratación de
personal interino (aquel que no ocupa plaza fija). En su defensa, la
Junta -además de cargar las tintas contra el Ejecutivo de Rajoy- recordó
que la disminución sería mayor si finalmente se hubiera aumentado la
ratio (número de alumnos por aula), una medida que contemplaba también
el decreto y que descartó la Administración autonómica. La reducción de
la plantilla docente es más evidente en los institutos y conservatorios y
coincide con el aumento generalizado de estudiantes. Sin embargo, los
argumentos de Educación ha logrado convencer a pocos sindicatos, que han
exigido a la Junta que opte por otras alternativas antes de reducir el
número de docentes, algo que, a juicio de las centrales "perjudica" la
calidad de la enseñanza. En este sentido, la sección de enseñanza de
CCOO pidió en la última mesa sectorial, a través de su portavoz José
Blanco, que se estableciera un nuevo marco regulador para los interinos.
Artículo publicado en diariodesevilla.es
