EL CAPITAL PRIVADO ECHA EL OJO A LA EDUCACIÓN
La reducción del gasto público anima el interés de los inversores por un sector estable
El capital riesgo se suma a empresas tradicionales
Voces críticas contra la “mercantilización”
Si hay negocio habrá interés del sector privado. Esta máxima del
capitalismo es también aplicable al sector de la educación. La crisis
económica y el dogma de la austeridad que se ha impuesto en Europa
tienen como consecuencia inmediata una caída del gasto público en
pilares básicos del Estado de bienestar como la enseñanza. La menor
inversión de las Administraciones abre la puerta a la entrada del dinero
privado. El capital riesgo tiene una larga experiencia de invertir en
el ámbito educativo, principalmente en los países anglosajones y del
norte de Europa. En España las operaciones del private equity han sido
pocas hasta el momento, pero las aulas interesan, y mucho. “Es un sector
que siempre ha sido atractivo y que en este contexto cobra aún más
interés”, explica Enrique Leyva, socio fundador de Magnum, sociedad de
capital riesgo en la que también participa Ángel Corcóstegui.
El contexto es la previsión del Gobierno —según los cálculos enviados hace unos meses a la Comisión Europea—
de reducir la inversión pública en educación desde el 4,9% del PIB en
2010 al 3,9% en 2015. Una bajada equivalente a 10.000 u 11.000 millones
de euros que, al menos en parte y al menos quien pueda permitírselo,
compensarán las familias, pues la historia dice que cuando baja la
inversión pública sube la privada y viceversa. Precisamente, uno de los
principales argumentos de las protestas educativas contra los recortes
es combatir “la privatización”, no solo por lo que se deje de invertir,
sino porque temen que una mayor parte del dinero público educativo se
canalice a través de las empresas: “No aceptamos que se desmantele la
educación pública para beneficio exclusivo de la iniciativa privada”,
decía el texto en el que la principal confederación de padres de alumnos
(Ceapa) llamaba el mes pasado a las familias a una insólita “huelga de padres”.
Hay especialistas que, sin embargo, no ven nada claro el atractivo
del aula. “Tengo la impresión de que los colegios privados (e incluso
las universidades) no suelen ser un negocio muy rentable y que la
demanda no va a ser muy boyante en los próximos años, pero nunca se
sabe”, escribe por correo electrónico el economista del CSIC
Ángel de la Fuente. Los colegios privados han pasado de generar en
España un beneficio de 132,2 millones de euros en 2000 a 490,5 millones
en 2010, lo que da una media por centro escolar de 46.000 euros anuales
en la privada pura y 78.000 euros en la concertada (subvencionada),
según el dato del INE
del curso 2009-2010. Lo cierto es que esas cifras no son las del
negocio más rentable del mundo. Además, en medio de la crisis, la caída
de la renta de las familias también está provocando la salida de alumnos
de la privada a la concertada y de ahí a la pública.
Sin embargo, como reconocen las sociedades de private equity,
el segundo gasto que más tardan en cortar los padres después de la
hipoteca es la inversión en el desarrollo formativo de sus hijos. “La
rentabilidad depende de cada proyecto. En nuestro caso, además de un
negocio es un servicio de mucha sensibilidad porque nuestros clientes
son los niños y sus padres. La educación es una actividad económica
particular, pero eso no es incompatible con tener empresas saneadas”,
explica Mariano Moreno, socio de N+1. Junto a Dinamia, la empresa de
capital riesgo N+1 es propietaria los Colegios Laude (una red de ocho
centros, uno en Inglaterra y el resto en España, con 5.300 alumnos y una
facturación anual conjunta de 40 millones de euros).
“El negocio de la educación reúne dos requisitos importantes para el
capital riesgo. En primer lugar, es un negocio bastante estable, que
proporciona flujos de caja previsibles durante la vida escolar de los
alumnos y eso abre la puesta al apalancamiento. Además, es una actividad
en la que, si lo haces bien, te puedes diferenciar del resto, puedes
aportar valor añadido”, añade Leyva.
El periodo de permanencia del private equity en un negocio
suele oscilar entre los 4 y los 10 años. “Teniendo en cuenta este
espacio temporal, creo que la educación ofrece margen suficiente para
rentabilizar la inversión”, apunta Leyva. En Magnum, de momento, no se
han planteado entrar en la enseñanza y ven como destino lógico del
capital riesgo la Universidad, ya que hay más campo que cubrir. Las
universidades privadas ganaron 183,8 millones de euros en 2010, unos 718
euros por alumno. “La educación en este momento ofrece una gran
oportunidad para la colaboración público-privada como ya viene
ocurriendo desde hace años en el ámbito de la sanidad. Sin embargo, como
es un sector tan delicado y sensible para la opinión pública está
costando más su despegue”, añade Leyva.
Y sí, lo cierto es que se trata, sin duda, de un tema sensible. La
mayoría de los movimientos de protesta contra los recortes en la
inversión pública en educación (que ya acumula varios miles de millones
de euros) no se creen los argumentos de los Gobiernos. Estos, tanto el
central como los autonómicos, aseguran que los recortes son
imprescindibles para sostener el sistema público en el medio y el largo
plazo. Sin embargo, los opositores a los ajustes creen que se está
aprovechando la crisis para poner en movimiento más dinero educativo
dentro del sector privado.
Esta es la postura de Agustín Moreno, profesor de secundaria en
Madrid y miembro del movimiento que se conoce como la marea verde: “Es
muy evidente que una vez agotadas las grandes fuentes de actividad
empresarial y de beneficio como la construcción y la obra pública (y no
siendo atractiva la industria porque necesita grandes inversiones), el
capital busca nuevas oportunidades de negocio o ampliar las ya
existentes. Y siempre son seguros servicios esenciales como la educación
o la sanidad. Dice la Unesco
que el negocio de la educación es un pastel de dos billones de dólares
al año”. En España, el gasto público es de unos 50.000 millones de euros
y el de las familias, de otros 10.500 millones, según una encuesta del
INE en 2007, que incluye enseñanza reglada y no reglada, comedor,
actividades extraescolares, etcétera.
“Para aumentar el nicho de negocio necesitan primero deteriorar lo
publico con recortes y reformas legales para vaciar de alumnado esa red y
privatizar su atención o directamente privatizando servicios. La
ofensiva se dirige desde la educación superior (Universidad) a los
primeros escalones”, concluye Agustín Moreno. “La privatización de la
escuela supone un ataque al derecho a la educación”, pues convierte “a
los ciudadanos, propietarios de esos derechos, en meros clientes
usuarios de un sistema educativo privado que solo pueden consumir en
función de sus posibilidades económicas”, dice el libro coordinado por
Moreno Qué hacemos con la educación (Akal, 2012).
El catedrático de Economía de la Pompeu Fabra
José García-Montalvo defiende la inversión privada en educación, pero
no en todas las edades. “Es lógico que en las primeras etapas
educativas, donde la inversión tiene una elevada rentabilidad social,
sea el presupuesto público el que predomine en la financiación
educativa. Además, es aquí donde la sociedad se juega realmente la
igualdad de oportunidades. Sin embargo, en las etapas más avanzadas y,
en particular, la universitaria, la participación privada debería jugar
un papel más importante, pues la rentabilidad de esta inversión es
fundamentalmente privada. Para facilitar la participación privada en el
futuro será necesario mejorar las condiciones fiscales de las donaciones
y potenciar el sentido de pertenencia a la institución entre los
antiguos alumnos, así como concienciar a las empresas sobre la
importancia del capital humano y las ventajas de la colaboración
universidad-empresa”, dice García-Montalvo.
Pero justo en el otro extremo, en las escuelas infantiles para
menores de tres años, es donde también está entrando con fuerza el
sector privado (se trata de una etapa que ni es obligatoria ni gratuita
en la pública). Agustín Moreno señala el ejemplo de la Comunidad de
Madrid, donde en los últimos años ha proliferado la entrada de empresas
multiservicios (que ofrecen desde limpieza o catering a seguridad) en la
gestión de escuelas infantiles públicas. La consejera de Educación
madrileña, Lucía Figar, ha señalado varias veces que se trata,
simplemente, de las empresas que han ofrecido mejores condiciones
(económicas y educativas, destaca) para la contrata.
Una de ellas es Eulen, que gestiona 50 escuelas infantiles y presta
algún tipo de servicio (desde limpieza a actividades complementarias) en
alrededor de 1.000 centros en toda España. “En el sector educativo debe
haber profesionales tanto de la educación como de la gestión de esta
actividad. De nada servirá tener los mejores educadores si no estamos
gestionando bien los centros y viceversa. En este sentido, creo que hay
empresas que están sabiendo unir buenos educadores y buenos gestores que
son capaces de llevar a cabo proyectos educativos de calidad y más
eficientes”, dice una portavoz. A las críticas, responde: “Somos
especialistas en numerosas actividades y sectores y entre ellos el
educativo. Como empresa privada que es obtiene un beneficio, pero dando
trabajo a más de 45.000 personas en España y 30.000 fuera de ella. La
calidad en los servicios prestados es una máxima de nuestra empresa y en
el caso de la educación no es diferente”.
Durante años, el discurso conservador ha asegurado que la gestión
privada es más eficiente, entre otras cosas, porque no tienen que lidiar
con trabajadores funcionarios. Sin embargo, quienes defienden que eso
no es cierto, esgrimen un argumento muy sencillo: la gestión privada
nunca destinará todo el dinero al servicio del que se trate (véase la
sanidad, véase la educación) porque siempre tiene que apartar un poco
para buscar el beneficio. “Es falso que la educación privada sea más
eficaz o eficiente. Hay que recordar que la pública —y no la privada— se
encarga de las zonas rurales, de los alumnos con más necesidades
especiales...”, destaca Miguel Recio, director de instituto y experto en
estadística educativa de la Fundación 1º de Mayo de CC OO.
Riverside, una sociedad de capital riesgo que maneja inversiones
valoradas en más de 2.300 millones de euros y gestiona diferentes
colegios —en Suecia, por ejemplo, gestiona varios centros públicos—,
defiende que la entrada del capital privado en la educación pública no
es ningún sacrilegio. “En aquellos lugares donde hay una colaboración
entre el Estado y el capital riesgo se ha conseguido mantener unos
estándares educativos altos y, al mismo tiempo, una gestión más
eficiente de los recursos públicos”, asegura Juan Barnechea, responsable
de Riverside para España, Portugal e Italia. En España han intentado
varias operaciones con colegios privados, que no han salido por
diferencias de valoración. “La realidad es la que es y esa realidad
refleja que hay menos dinero público para invertir en educación. En este
contexto, hay dos opciones: o el Estado deja de proveer servicios o se
intenta ofrecer lo mismo, pero con menos dinero”, añade.
En España, considera, tiene que haber una discusión “razonada” y sin
“dogmatismos” para poder mantener una enseñanza pública de calidad. “No
valen de nada las posturas radicales. La gestión privada no supone el
fin de la educación pública. Hay que replantearse todo y hay que tener
la mente abierta. Si a los inversores privados no se les garantiza un
mínimo de rentabilidad no van a entrar en este sector. En cambio, los
poderes públicos pueden pedir al capital riesgo que cumpla unos
requisitos mínimos para garantizar un sistema público de enseñanza”,
resume Barnechea.
En España, la estructura del sistema escolar limita estas
posibilidades, con una inmensa mayoría de la educación privada ofrecida
bajo el formato de los conciertos y con una inmensa mayoría de escuelas
privadas católicas. Bajo esta estructura, las Administraciones pagan
directamente a los profesores su sueldo, aunque no sean funcionarios (lo
que se llama pago delegado) y los centros se comprometen a ofrecer
gratuitamente las enseñanzas subvencionadas. Sin embargo, el margen está
en las cuotas voluntarias (que no siempre lo son, según recurrentes
denuncias) y las actividades complementarias y extraescolares.
De hecho, una patronal privada CICAE
se quejaba del aumento de las cuotas por parte de algunos concertados
en los últimos años. “En Madrid hay colegios concertados que no son
fundaciones, sino entidades de lucro que cobran esos 4.000 euros o más,
cuando el Estado costea al profesorado y casi todo el mantenimiento.
Antes se pagaban 60 euros pero no lo de ahora”, se lamentaba Enrique
Maestu, presidente de CICAE.
Además, la gestión de la educación no es algo independiente del
derecho a la educación, insiste Miguel Recio, pues así lo dice la
Constitución: “Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos
intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por
la Administración con fondos públicos”. Recio recuerda que ya hace unos
años los especialistas de la Universidad de Londres Stephen J. Ball y
Deborah Youdell advirtieron en un trabajo contra “la privatización
encubierta”. “Consiste en reducir el peso de los recursos públicos y
obligar a las familias a pagar por segmentos de educación que tienen un
valor diferencial: extraescolares, refuerzos y apoyos, idiomas,
informática, música...”, asegura Recio.
Además, hay otras voces que se quejan de que parte de las medidas de
la reforma educativa que impulsa el Gobierno buscan “convertir la
educación en un negocio”, escribió en este diario Enrique Javier Díez
Gutiérrez, profesor de la Universidad de León y coordinador Federal del
Área de Educación de Izquierda Unida. Por ejemplo, si se elimina el
dinero para los planes PROA de refuerzos escolares por la tarde para
alumnos con dificultades, ¿no recurrirán las familias que puedan a
contratar las clases particulares de toda la vida? O, si un alumno
aprueba todos los cursos de la ESO pero suspende el futuro examen de
reválida, con lo que no podría seguir estudiando, ¿no lo apuntarán las
familias que puedan a una academia para prepararse el siguiente examen
de reválida?
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