Los 50 colegios concertados de Granada guardan un minuto de silencio
En la provincia se pierden ocho
clases «por falta de alumnos», pero los centros protestan porque se
quitarán incluso «unidades con demanda»
24.04.13 Á. PEÑALVER GRANADA
Los 50 centros de las Escuelas Católicas de Granada, junto a
otros 368 colegios de este tipo de toda Andalucía, han guardado hoy un
minuto de silencio en los patios para mostrar su rechazo «a la política
de recortes en conciertos educativos impuestos por la Junta de
Andalucía».
Con lazos naranjas y bajo el emblema «estamos
des-concertados» criticaron esta mañana las medidas de la Consejería de
Educación, que ha anunciado en otras provincias la supresión de «60
aulas con demanda suficiente de niños» para redistribuir a esos alumnos
en centros estrictamente públicos, aunque estos no fueran solicitados
por la población «y tuvieran menos solicitudes».
«Esta última casuística no se ha llegado a dar en Granada
de cara al próximo curso», aclaraba Manuel Marchante, director del
Cristo de la Yedra, un centro concertado.
«Es un error»
«Quitar aulas para dárselas a la pública ignorando el deseo
de los padres y de los alumnos es un error. Si no hay demanda es
entendible, pero de lo contrario es discriminatorio», abundó Marchante,
presidente provincial de Escuelas Católicas, que aglutina a más del 90%
de los subvencionados.
En la provincia de Granada, en concreto, se ha anunciado
que en septiembre habrá ocho grupos menos (5 de Secundaria y 3 de
Primaria) en estos colegios ‘subcontratados’, pero según anunció Ana
Gámez, delegada provincial de Educación, esta medida se tomó únicamente
por la carencia de solicitudes en los mismos.
Las cinco unidades que desaparecerán de Secundaria son de
primero de ESO y corresponden a los centros Juan XXIII de La Chana y
Zaidín, Amor de Dios (zona Norte), Arco Iris (Motril) y San Isidoro (por
calle Arabial). Las tres clases de Primaria que se suprimirán
corresponden al Ave María Vistillas (en calle Molinos), al Arco Iris
(Motril) y al Amor de Dios.
«En mi opinión la escuela concertada de Andalucía no
compite con la pública, somos una alternativa que muchas familias
solicitan para sus hijos. El hecho radica en el ideario, que es lo que
mueve a los padres a pedir plaza en nuestros centros. Me parece que el
problema no está en la crisis, que ahora la utilizamos como escudo para
cualquier estrategia política, ni tampoco en la baja natalidad»,
declaraba ayer Angélica Conde, directora de El Carmelo. Ese complejo –
en el Barrio del Zaidín, en la calle Francisco Palau y Quer Nº 7–
recibió 85 solicitudes el curso pasado para las 50 plazas de tres años
que oferta.
«La medida del Gobierno andaluz afectará a muchos padres
que han elegido nuestros centros y a mucho personal que trabaja en ellos
y que engordará las listas del INEM. Por ello pedimos encarecidamente
se retome esta medida y se llegue a un diálogo pensando en los intereses
de todos. Debemos usar la vía del diálogo para llegar a un acuerdo que
favorezca los intereses de todos sin vulnerar ningún derecho, como es el
de la libre elección de centros por parte de los padres, como recoge el
artículo 27 de la Constitución Española y el 26.3 de los Derechos
Humanos», apostilló Conde.
En el manifiesto, los participantes lamentaron la «muerte
anunciada de las aulas y unidades concertadas» y criticaron ser
«víctimas del sectarismo ideológico y la irracionalidad política de este
gobierno radicalizado de coalición», en referencia al pacto PSOE e IU
que sostiene al ejecutivo andaluz.
La siguiente acción planteada por Escuelas Católicas será
el 7 de mayo, cuando presenten en el Palacio de San Telmo de Sevilla las
firmas que están recogiendo como expresión del malestar.
«Mi hijo, de seis años, asiste a este colegio concertado,
Cristo de la Yedra, porque es el mejor de la zona donde vivo, con
diferencia, y es solicitado por muchas familias que vienen incluso de
otros distritos. Yo estoy muy contenta», decía una madre.
«Debería primar la calidad»
«Es un error establecer criterios de financiación de la
enseñanza pública en función de si los servicios que se prestan son
concertados o no. Los parámetros para suprimir aulas deberían ser de
calidad, esto es, de resultados obtenidos en función del alumnado con el
que se trabaja. A todos los niños hay que darle educación de calidad,
independientemente de si el colegio al que van es al 100% público o de
gestión privada con fondos de la Consejería. Claro está que todos los
mantenidos con fondos públicos deben respetar y ofrecer alternativas a
la religión y procurar una enseñanza laica si así lo exigen los padres»,
explicaba Irene Ruiz al recoger a su niño.
Artículo publicado en ideal.es
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