Andalucía renuncia a la guerra de las oposiciones para docentes
La Consejería de Educación retira la oferta de empleo de 2012, recurrida por el Gobierno central, para poder ofrecer este año 592 plazas de maestro
Tras dos años de lucha, la Junta de Andalucía renuncia a seguir con la guerra de las oposiciones que ha mantenido con los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y Mariano Rajoy (PP). La Consejería de Educación ha terminado aceptando las estrictas limitaciones impuestas por el Estado a la hora de reponer las vacantes de profesores.
"La consejería está tomando las decisiones más beneficiosas para
consolidar el empleo público en el sector educativo", ha argumentado
este jueves el departamento de Mar Moreno a través de un comunicado de
prensa.
La última convocatoria de oposiciones (la de 2012) lleva paralizada
desde abril en el Tribunal Constitucional. El Ministerio de Hacienda la
recurrió al entender que las 2.389 plazas para profesores de secundaria y
FP que quería ofertar Andalucía sobrepasaban la tasa de reposición
fijada por el Estado, que solo permite cubrir una de cada diez vacantes
de docentes. La Junta argumentaba que la legislación le daba suficiente
margen para hacerlo y las mantuvo.
Pero esas oposiciones nunca se celebrarán. Tras mantener
conversaciones con el Gobierno, la consejería ha decidido ahora "anular"
aquella convocatoria y devolver las tasas a los 36.154 aspirantes que se apuntaron a las oposiciones fallidas de 2012.
A cambio, el Gobierno andaluz podría presentar este año una oferta de
empleo público menos raquítica de lo previsible, aunque para otro
cuerpo de funcionarios docentes, el de maestros de infantil y primaria.
La consejería acumula las plazas no ofertadas el año pasado (que
corresponderían a 2011) y las de este. Pero, en ambos casos, aplicando
estrictamente la tasa de reposición del 10%.
Finalmente, serán 592 puestos los que ofrezca Educación. De esos, 328
corresponden a 2011 (2.061 menos de los que la Junta decía que podía
presentar) y 264 a 2012.
La Junta renuncia así a la argumentación legal que había mantenido
hasta ahora, que pasaba por el Estatuto Básico del Empleado Público,
donde se abre la posibilidad de efectuar convocatorias para la
consolidación de puestos estructurales que ya estén ocupados por
interinos.
Esta cláusula del estatuto del empleado público fue la que presentó
Andalucía ante el anterior Gobierno socialista, que estuvo a punto de
recurrir las oposiciones en 2011 por entender que se superaba la tasa de
reposición, entonces fijada en el 30%. Pero la Junta ganó aquel pulso a
la exministra de Economía Elena Salgado, que terminó aceptando los
argumentos de la consejería andaluza.
Al año siguiente, el Gobierno andaluz intentó lo mismo. Pero el
Ejecutivo del PP no transigió y en abril de 2012 presentó un conflicto
positivo de competencias contra la Junta en el Constitucional, lo que
provocó la suspensión cautelar de las oposiciones de forma automática.
El camino que ha tomado ahora la consejería es el menos dañino, al
menos para los aspirantes. Si la Junta hubiera insistido en presentar
una oferta de empleo público elevada basándose en la argumentación de
los dos últimos años, es muy probable que el Gobierno volviera a
recurrir ante el Constitucional, lo que, de nuevo, hubiera acarreado la
suspensión automática de la convocatoria. La Ley del Tribunal
Constitucional da esta potestad al Estado.
Pese a lo reducido de la oferta presentada por la consejería, este
departamento ha asegurado que todavía debe cerrar un acuerdo con el
ministerio, "a fin de que no se produzca ninguna incertidumbre ni
recurso sobre la nueva convocatoria".
Artículo publicado en ELPAIS.com
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