El Consejo Escolar advierte contra la falta de memoria económica de la reforma
El órgano estatal debate los cambios introducidos en la futura ley educativa
El Consejo Escolar del Estado señala que el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
no contiene una memoria económica que garantice su viabilidad, pese a
que se incluyen medidas que, a juicio de esta institución, suponen una
"fuerte inversión", como el aumento de dotación de personal docente y la
disminución de las ratios.
Así lo indica este órgano consultivo en su informe de la ponencia sobre el segundo borrador (del 3 de diciembre),
y que el próximo jueves 24 de enero se debatirá en el Pleno. "No será
posible desarrollar gran parte de las propuestas si no se cuenta con los
suficientes recursos económicos y humanos", advierte el Consejo
Escolar.
Para ello, propone que se añada una nueva disposición final en el
texto normativo que contemple los compromisos presupuestarios necesarios
para desarrollar los objetivos de la educación y las medidas que
contiene, y establezca tanto la aportación del Estado como de las
comunidades autónomas. Según este organismo, los ciclos de Formación
Profesional Básica, el diseño e implantación por parte de los centros de
métodos didácticos propios, la atención personalizada a los alumnos en
primaria y los diagnósticos precoces, las dos opciones de cuarto de la
ESO, los programas de mejora del aprendizaje, la FP dual, las
plataformas digitales, la autonomía de los centros escolares, o la
especialización curricular en institutos son algunas de las medidas que
el Consejo Escolar considera que necesitan de una fuerte inversión.
"La memoria económica debe concretarse en que España dedique en
educación un incremento progresivo del porcentaje del Producto Interior
Bruto hasta alcanzar un valor equivalente al de los países europeos",
señala el informe. La financiación de la LOMCE será objeto de estudio en
la próxima Conferencia Sectorial de Educación, que se celebrará
previsiblemente antes de que finalice enero. Las comunidades trasladaron
al ministro José Ignacio Wert su preocupación ante la ausencia de una memoria económica viable que acompañara al texto normativo.
La semana pasada, la secretaria de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, adelantó, sin dar
cifras, que la reforma no va a ser "costosa" y que "centrar el esfuerzo"
en materias instrumentales y en la compactación de opciones en
Bachillerato va a suponer un "gran ahorro", que "compensará" los costes
directos ligados a la transformación de la Formación Profesional, la
anticipación de itinerarios en cuarto de la ESO o la implementación de
las evaluaciones estatales al final de cada etapa.
No obstante, reconoció que la reforma tendrá costes indirectos
"difíciles de prever", a los que se hará frente "de forma gradual, con
el paso de los años", y explicó que si se consigue que no haya abandono
escolar prematuro y que una mayor proporción de jóvenes acceda a la FP,
"aumentará el coste". "Cuanto mayor sea el éxito de la ley, más costosa
va a ser", avisó.
Aspectos confusos
El documento que debatirá el Pleno del Consejo Escolar el jueves
señala también que la redacción de algunos aspectos del borrador de la
LOMCE es "confusa". En concreto, señala la referencia a la evaluación de la "lengua materna" en primaria,
que podría provocar "problemas prácticos", dependiendo del modelo
lingüístico aplicado por la comunidad autónoma o por el centro docente,
así como "problemas interpretativos" en relación con el alcance de dicho
concepto.
Asimismo, señala que "parece razonable" que si el alumno debe cursar
necesariamente tanto la lengua cooficial como la castellana en
determinadas comunidades, se debe también evaluar el grado de dominio de
ambas lenguas cooficiales puesto que constituye un objetivo de
Primaria. Por ello, solicita al ministerio "revisar" este extremo.
También ve "confusos y ambiguos" los indicadores del nivel "alto,
medio y bajo" que el Ministerio de Educación establece para la
evaluación de sexto de Primaria. A juicio del Consejo Escolar del
Estado, esta prueba debe valorar la madurez del alumnado y detectar sus
déficits para la corrección de los mismos, por lo que no puede
establecerse los indicadores anteriormente mencionados.
En cuanto a las competencias del Estado, sugiere hacer constar
expresamente que le corresponde la regulación de las condiciones de
obtención expedición y homologación de títulos académicos y
profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la
Constitución, dada su "trascendencia en el sistema de reparto
competencial".
Sobre el horario de las asignaturas troncales, tanto en primaria,
como en la ESO y bachillerato, indica que el borrador señala que
corresponde al Estado determinar el "horario mínimo" del bloque de las
troncales, "pero no explícitamente cada una de las asignaturas".
Asimismo, en relación a la atribución a las comunidades autónomas de
fijar el horario máximo de las troncales, el documento señala que
"presumiblemente" éste será diferente en las distintas administraciones,
lo que puede provocar una "heterogeneidad poco aconsejable". En
realidad, con la legislación actual en Gobierno central fija el horario
mínimo de las asignaturas y cada comunidad lo puede aumentar, cosa que
hacen unas más y otras menos en unas materias o en otras, dependiendo de
sus apuestas educativas.
El Consejo Escolar propone que se añada entre las competencias de la
Administración General del Estado la determinación de los objetivos de
cada enseñanza y etapa educativa, pero también de los objetivos de cada
asignatura. En relación a la Formación Profesional Básica, que constará
de dos cursos obligatorios y sustituirá a los actuales Programas de
Cualificación Profesional Inicial (PCPI), sugiere que estas nuevas
enseñanzas incluyan complementos formativos que conduzcan a la obtención
del título de graduado en ESO.
De la misma forma, plantea que la futura ley refleje que el título de
Técnico Profesional Básico permita el acceso directo a los ciclos
formativos de grado medio de Formación Profesional y a la evaluación
final de la ESO.
El organismo propone asimismo añadir en la primera parte del texto
legal: "Sería conveniente un Pacto de Estado por la Educación", pues "la
experiencia educativa en España dice que sin un pacto los sistemas
educativos durarán lo que dure el Gobierno de turno". También propone el
siguiente texto: "La finalización de un ciclo económico expansivo, y
sus inevitables consecuencias presupuestarias, no puede ser una coartada
para eludir las necesarias reformas del sistema educativo ni para
limitarse a la aplicación de unas medidas de ajuste y racionalización,
aunque estas se presenten como coyunturales". En este sentido, el
Consejo Escolar asegura que las medidas de recorte aplicadas al sistema
educativo "han penalizado claramente" la calidad del servicio y las
condiciones de sus profesionales.
Artículo publicado en ELPAIS.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario