Educación sostiene que la Ley Wert eliminará 1.051 profesores de bachillerato
La Junta rechaza las cuentas de la normativa del PP porque “impone barreras” al alumnado
La consejera de Educación, Mar Moreno, avanzó ayer que el Gobierno andaluz rechazará la memoria económica de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa,
conocida como ley Wert, porque supondrá la eliminación paulatina de
1.051 profesores en la región y porque apuesta por la imposición de
barreras y reválidas, además de por “sacar a los alumnos por la puerta
de atrás de los institutos”.
“Mejorar con menos profesores es totalmente
imposible”, sentenció Moreno.
La responsable andaluza de Educación se mostró dispuesta a trabajar para “minimizar el impacto” de los recortes impuestos por Madrid,
entre los que destacó la eliminación de los programas de refuerzo, el
Educa 3 para la creación de escuelas infantiles, los planes de lucha
contra el absentismo y el abandono educativo temprano, el apoyo al
aprendizaje de lenguas extranjeras o la promoción de la lectura, entre
otros.
Moreno corrigió los cálculos del Ministerio de Educación,
que estima que la implantación de la nueva ley costará 408 millones en
los próximos tres años. Según las cuentas de la Junta, serán 257
millones, ya que el Gobierno ha “olvidado” cuantificar parte del recorte
en profesorado de Bachillerato. En total, según datos del propio
Ministerio supondría la salida de 4.800 profesores en todo el país.
Medidas de la ley Wert, como que los alumnos escojan si quieren estudiar
bachillerato o formación profesional en 4º de ESO, serán a costa del
profesorado de Bachillerato.
La memoria económica del ministerio recoge que la compactación
de materias —que implica la eliminación de asignaturas optativas—
permitirá reducir la carga horaria equivalente a 2.534 profesores.
Sindicatos como Comisiones Obreras y UGT han visto en esta decisión una
“reducción encubierta de plantilla”. El texto de Wert matiza que esta
rebaja de carga horaria “no supondrá una disminución de profesorado,
sino una reestructuración de su distribución para cubrir las nuevas
necesidades”. A pesar de ello, calculan que se obtendría una reducción
del coste en 168 millones en tres años.
La propuesta de especialización de los centros, ya sea en ciencias,
humanidades o ciencias sociales, también supondrá, según el ministerio
de Educación, un ahorro económico de 151,2 millones en el mismo periodo.
En este caso el texto habla abiertamente de que las necesidades de
docentes “se podrían reducir en 2.281 profesores”. Moreno incidió en que
esta última partida no figura en el cuadro resumen de costes de la ley.
El nuevo modelo parte con un tijeretazo “incontestable” de 4.000
millones de euros, dijo Moreno, por lo que, si se le restan los 257
millones de gasto, arrancaría con una cifra negativa de 3.743 millones.
“Que no nos engañen, la Lomce —ley orgánica para la mejora de la calidad
educativa— no cuesta dinero: al revés, la Lomce supone un recorte de
casi 4.000 millones (...) No es otra cosa que la cobertura legal de los
recortes”, ha concluido.
El jueves 7 de febrero, los responsables de Educación de las
autonomías tienen otra cita para acudir a una mesa sectorial en Madrid.
“Queremos que el ministro recapacite, retire la reforma y se siente a
hablar con la comunidad educativa”, aseveró Moreno.
La consejera acusó al Gobierno del PP de querer “cambiar la talla de
la escuela” y de pasar de una educación con recursos para todos, a una
educación pública y barata de segunda, para la mayoría. “España necesita
un modelo educativo donde quepan todos los niños, todos los jóvenes,
frente a un modelo a la medida de las élites”, defendió Moreno.
Artículo publicado en ELPAIS.com
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